Aimaras de Perú y Bolivia en disputa por tierras en la isla Caana del lago Titicaca


Wilbert Ticona Choque no esconde su preocupación por la situación de tensión. “Acá nosotros vivíamos siempre en paz. Nadie nos molestaba. Pero todo ha cambiado a partir del 13 de julio”, dice. Ese día, comuneros bolivianos de Santiago de Ojje, a bordo de botes de madera, desembarcaron en la isla de Caana, jurisdicción del distrito de Anapia (Yunguyo), a cinco horas al sur de Puno. Una vez en tierra, los supuestos invasores reclamaron los terrenos de sus ancestros.

“Quienes reclaman tierras no son de acá; son de Bolivia. Ellos tienen sus viviendas en La Paz y otras zonas. Acá vivimos desde siempre y somos los únicos posesionarios”, reitera, sereno, Ticona Choque, quien tiene un promedio de 20 parientes directos e indirectos, y son ellos los únicos habitantes en la zona de Caana.

Entre la caravana de supuestos invasores se encontraba Guillermo Arratia Mamani, un anciano de 76 años.

“Mis padres me dejaron su terreno. Eso me corresponde. Es mi derecho”, refirió en su lengua aimara este hombre que tomó en posesión una cabaña abandonada, e incluso tiene documentos de 1958.

El suboficial superior PNP Óscar Toribio Zamata, jefe del puesto de vigilancia de Caana, sostiene que Arratia tiene un DNI, razón por la cual no podía negársele el ingreso a la isla. ¿Cómo es que un boliviano tiene DNI peruano? En los pobladores de frontera es casi normal tener doble nacionalidad.

Si bien Arratia es el único que se quedó en Caana, existe el temor de que retorne una delegación de bolivianos para reclamar derechos sucesorios o de propiedad.

Ante esto, el jefe del puesto de vigilancia, Óscar Toribio, espera que las autoridades estén a la alturas de las circunstancias, para resolver este asunto por la senda del diálogo.

RECLAMO. Guillermo Arratia (izquierda) es boliviano, pero también tiene el DNI peruano

Problema histórico

El reclamo de los comuneros bolivianos de Santiago de Ojje tiene su origen en el protocolo de Concha-Gutiérrez, suscrito entre Perú y Bolivia el 15 de enero de 1932. Al amparo de este acuerdo, ambos países hicieron un intercambio de comunidades para definir la frontera en línea recta.

Bolivia cedió la comunidad de Tapoje, mientras que el Perú entregó Santiago de Ojje, incluyendo a peruanos que pasaron a ser bolivianos. Varios compatriotas pasaron al otro lado de la frontera teniendo terrenos en Caana. Por ello, el haber obtenido la nacionalidad boliviana no les impidió regresar a la isla e incluso izaban la bandera boliviana. Esa costumbre cambió en el 2000.

Aquel año, el Ejército y la Policía peruana desalojaron a quienes, sin su voluntad, habían pasado a convertirse ciudadanos bolivianos. Solo quedó (hasta hoy) la familia de Wilbert Ticona. Los desalojados, en cambio, se vieron forzados a dejar sus tierras adquiridas por herencia o justo título. Ahora el problema podría devenir en un conflicto.

“Acá los únicos propietarios somos nosotros; y nadie puede ingresar al Perú”, insiste Ticona. En el lado boliviano, la posición es distinta. Alejandro Coaquira Coya, secretario de general de Santiago de Ojje, sostiene que no se les puede negar su derecho de recuperar la tierra de sus antepasados.

“Nosotros no tenemos problemas como pueblos hermanos. Lo único que queremos es que nos reconozcan nuestro derecho de propiedad. Hemos sido peruanos. Nuestra intención no es pelear, pero queremos recuperar la tierra donde hemos nacido”, reflexiona.

En estos momentos la tensión no ha bajado, a pesar del intercambio comercial que existe entre ambos pueblos fronterizos. Mientras los peruanos exigen la presencia de las autoridades, los bolivianos advierten que no desistirán en su propósito de recuperar lo que les pertenece.

El incomparable paisaje de Caana y el azul del lago Titicaca contrastan con la tensión que viven los comuneros que antaño fueron divididos por decisión de sus gobiernos.

SOBERANÍA. La Policía refuerza la vigilancia en la frontera

El caso está en manos de Relaciones Exteriores

Gumercindo Romero Cruz, consejero por la provincia de Yunguyo, destacó la necesidad de solucionar este impasse a la brevedad. “Se requiere una intervención especial”, precisó.
Según recordó Romero, mediante Decreto Supremo 056-2005, el gobierno de Alejandro Toledo se comprometió a facilitar el derecho de propiedad a los bolivianos de Santiago de Ojje que se vieron perjudicados con el Protocolo de Concha Gutiérrez, previo reconocimiento de las autoridades judiciales peruanas.

El alcalde del distrito insular de Anapia, Ramón Chalco Limachi, informó haber cursado documentos a Relaciones Exteriores, pero aún no obtuvo respuesta.

En Puno, la Dirección Regional de Relaciones Exteriores recaba la información necesaria para tomar cartas en el asunto.

Por su parte, la gobernación de Puno alista una reunión de trabajo para los próximos días, entre los distintos actores y las autoridades que están vinculados con este posible conflicto.

Personal de la Marina de Guerra del Perú redobló la vigilancia en la zona, al igual que la Policía Nacional.

fuente : la republica

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