Evo Morales denuncia “golpe de Estado”


El mandatario boliviano responsabiliza de los actos de violencia a la derecha boliviana, quienes con el respaldo de Estados Unidos y los mineros cooperativistas, buscan sacarlo del poder para poner nuevamente al país a disposición del imperio capitalista yanqui.

El jueves 25 de agosto, tal vez ocurrió en Bolivia uno de los acontecimientos más fuertes contra el gobierno de Evo Morales, pues un grupo de mineros cooperativistas radicales de Bolivia, secuestraron, torturaron y asesinaron al viceministro del Interior de ese país, Rodolfo Illanes, esto en demanda de su pliego de reclamos.

Tras este acontecimiento, el mandatario boliviano denunció que su gobierno se salva nuevamente de otro intento de golpe de Estado promovido por la derecha boliviana, quienes esta vez, en alianza con los mineros cooperativistas y el apoyo de empresas extranjeras, pretenden sacarlo del poder para apropiarse de nuevo de las riquezas del país altiplánico.

“Nunca el gobierno ordenó a la policía llevar armas letales. Sospechosamente ha habido muertos que tienen que ser investigados profundamente por las autoridades competentes. El fallecimiento del hermano viceministro Illanes duele mucho”, dijo Morales.

Esta afirmación toma sentido luego de que en el año 2013, Morales expulsara de Bolivia a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés), a la que en esa oportunidad acusó de conspirar contra su gobierno.

“Estados Unidos sigue conspirando. Por eso hemos decidido expulsar a Usaid de Bolivia. Se va. Nunca más Usaid va a seguir manipulando y utilizando a nuestros hermanos dirigentes”, comunicó Morales al pueblo boliviano el 1 de mayo de 2013.

El mandatario boliviano explicó que tomó esa decisión debido a que la agencia de cooperación ejecutaba sus proyectos con fines políticos. El principal efecto fue la división de las organizaciones sociales. “Seguramente pensarán todavía que aquí se puede manipular políticamente, económicamente (a los bolivianos), esos son tiempos pasados”, dijo esa vez.

Del mismo modo, en el año 2008, Morales expulsó también a la agencia antidrogas estadounidense (DEA) y al entonces embajador de Washington en La Paz, Philip Goldberg, a quien acusó de conspirar contra su Gobierno al intentar planificar un golpe de Estado, intentando utilizar a dirigentes sociales.

Igualmente, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Rodolfo Illanes, de 56 años, había viajado ese día a Panduro, a 160 kilómetros de La Paz, para negociar con los mineros en protesta. Allí fue interceptado por manifestantes y asesinado a golpes, de acuerdo con la versión oficial.

“Siento que en esta movilización de Fencomin (la cooperativa de mineros) había una conspiración política y no había una reivindicación social para el sector”, afirmó el mandatario Morales, afirmando que todo obedecía a un intento de golpe de Estado.

Los mineros bloquearon esa semana la principal carretera de Bolivia, que une Cochabamba y Oruro, y se enfrentaron con la policía cuando intentó dispersarlos, lo que culminó con 17 agentes de seguridad heridos y, según representantes de los mineros, tres trabajadores murieron por disparos. Morales, en sus declaraciones, hizo referencia a sólo dos cooperativistas fallecidos.

Luego de la masacre, el cuerpo de Illanes fue encontrado en la madrugada del viernes 26 de agosto al borde de la carretera que une La Paz con Oruro, envuelto en una manta, esto según el fiscal a cargo del caso, Edwin Blanco. “La causa de la muerte ha sido básicamente por derrame cerebral. Hay costillas también fracturadas”, explicó Blanco.

La protesta ha generado una fuerte tensión política porque los manifestantes, que exigen cambios en la Ley de Cooperativas Mineras para poder firmar contratos con empresas privadas, eran hasta ahora aliados clave del gobierno.

“Cualquiera sea la provocación de los opositores usando algunos sectores sociales, el pueblo boliviano no va a ceder para entregar sus recursos naturales a los privados, especialmente a los extranjeros”, añadió Morales, el gran líder indigenista boliviano.

LA PROTESTA

El régimen de Evo Morales ha denominado a los mineros cooperativistas como un sector “consentido” y un importante soporte político al inicio de su gestión, al punto que hace apenas algunos meses los mineros apoyaron orgánicamente su intento de lograr una nueva reelección.

A diferencia de la minería privada y la estatal en Bolivia, los mineros cooperativistas tributan menos regalías e impuestos por sus ganancias y no tenían obligaciones laborales ni sindicales, hasta que ahora, Evo Morales aprobó una ley para que los mineros puedan sindicalizarse dentro de las cooperativas y exigir sus derechos y mejorar sus ingresos.

La reforma a la Ley de Cooperativas ahora sí permitirá la sindicalización de sus miembros, lo que desató la protesta de los mineros cooperativistas. El sector también demanda del gobierno mayores concesiones para la explotación y otros beneficios, incluyendo la posibilidad de entrar en sociedad con empresas privadas nacionales y extranjeras.

Los cooperativistas, además, quieren estar fuera de controles ambientales y un ministerio o viceministerio específico para su sector que los proteja. La muerte del viceministro Illanes se produjo en momentos en que mineros cooperativistas y el gobierno se preparaban para iniciar negociaciones en La Paz para analizar a fondo la reforma minera.

HISTORIA

Desde que Morales asumió el poder en 2006, el sector minero boliviano ha ido tomando un papel más dominante para el Estado. Bajo su gobierno, varios intereses extranjeros en el país han sido nacionalizados y sólo quedan unas cuantas minas de propiedad extranjera, incluyendo la muy importante mina de San Cristóbal, la cual es propiedad de Sumitomo de Japón.

Sin embargo, las cooperativas siguen siendo una fuerza importante, ya que emplean 90% de cerca de los 140 mil mineros que trabajan en Bolivia. Las cooperativas ofrecen empleos precarios a mineros empobrecidos que de otra manera carecerían de empleo.
Ha aumentado el número de mineros en las cooperativas debido a la ola de despidos en las operaciones mineras más establecidas. Ahora, los bajos precios de los minerales se han vuelto otro obstáculo para obtener empleo.

El año pasado, los mineros en Potosí, enfurecidos por lo que ellos consideraban una falta de inversión por parte del gobierno, organizaron un bloqueo que aisló a la ciudad durante varias semanas. Luego, mineros armados con dinamita marcharon en La Paz y ocuparon el Viceministerio del Interior.

Este año, los mineros cooperativistas, al ver que Morales ya no quiere continuar dándoles los privilegios que gozaban, piden la suspensión de la reforma minera, por ello, ahora vienen formando alianzas con la derecha boliviana y empresas extranjeras para luchar contra la política minera de Evo Morales, sin importar matar a quien sea e incluso, derrocar al mismo mandatario.

Con la muerte de Illanes, las negociaciones se han quedado truncadas y hasta la fecha, el gobierno boliviano ha detenido a 43 mineros, incluyendo a Carlos Mamani, director de la Federación de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) para aclarar y encontrar a los responsables de la muerte del viceministro.

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