Los Investigados – las autoridades en el ojo de la tormenta


En junio de este año el Ministerio Público dispuso una investigación preliminar contra el gobernador regional de Puno, Juan Luque Mamani, quien ha sumado indicios suficientes -sostiene la Fiscalía- para sospechar que está cometiendo el delito de lavado de activos.
Luque ha despertado sospechas por las declaraciones de diversos domicilios que hicieron, tanto él como su familia. A eso debe sumarse, los procesos judiciales, aún irresueltos, de presunto favorecimiento en la compra de terrenos para la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez cuando la hoy autoridad regional era rector.
En julio de este mismo año, la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio de San Román- Juliaca, ha dato otro golpe. En esta ocasión, el investigado es el alcalde de Chucuito-Juli, Juan Carlos Aquino Condori, también exalcalde del fronterizo distrito de Desaguadero.
En el caso del joven burgomaestre Aquino, las sospechas tienen su génesis en las presuntas irregularidades registradas en la obra de instalación de agua y desagüe de Desaguadero, cuya ejecución contemplaba un presupuesto de aproximadamente 40 millones de soles, pero tenía inconsistencias en cuanto a avance físico y financiero.
Hay otros detalles más a ser considerados por la Fiscalía por supuesto, pero para efectos de esta columna, lo escrito líneas arriba es suficiente para exponer el problema.
Sucede que nunca como ahora, las autoridades están siendo denunciadas por delitos referidos a economía ilegal; sin duda, eso nos debe de llamar la atención.
Es cierto también que hasta ahora solo son indicios reunidos por el Ministerio Público; ergo, no es bueno adelantarnos a una sentencia pública. Lo que sí podemos es exigir a las partes involucradas su máxima colaboración y dedicación para dejar claro el asunto.
No cosa de juego que el gobernador y un alcalde provincial -y sabemos que también hay alcaldes distritales en la mira- estén con estos cuestionamientos. De confirmarse que están haciéndose ricos con dineros mal habidos sería desastroso para la política local y su afán de recuperar la confianza ciudadana.
Fijémonos en estas investigaciones hasta el final, si los personajes implicados son culpables, que su sentencia se haga en forma sumaria, si son inocentes, debe ser la Fiscalía la que responda de sus responsabilidades.
fuente : hugo supo
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