PROVINCIA DE EL COLLAO CELEBRA 28 ANIVERSARIO CON REINICIO DE OBRAS DE CARRETERA CHECCA-MAZOCRUZ


Dante Ochoa, director de Radio Excelente de Ilave, expresa que fallo judicial dejó sin efecto medida cautelar que había paralizado construcción de pista. 

RCR, 12 de diciembre de 2019.- La provincia de El Collao-Ilave, Puno, celebró este jueves 12 de diciembre su 28 aniversario de creación con la buena noticia de que el Quinto Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima dejó sin efecto una medida cautelar que impedía la ejecución de los trabajos para la construcción de la carretera Checca-Mazocruz, informó  Dante Ochoa, director de Radio Excelente de Ilave.

“El día de hoy El Collao-Ilave está cumpliendo 28 años y el día de ayer ha sido anunciado (el fallo judicial) precisamente cuando se desarrollaba el desfile cívico donde diferentes organizaciones e instituciones venían participando en la plaza de armas. Esta noticia fue anunciada por el alcalde provincial, Villanueva Maquera Resalaso”, dijo el propietario radial a través de Red de Comunicación Regional (RCR).

Remarcó que “ahora la empresa constructora San José podrá reiniciar las obras que se paralizaron por esa medida cautelar que ha sido dejada sin efecto. Esta obra es el anhelo de muchos años. Han pasado muchas autoridades locales e incluso regionales, fue caballito de batalla en  campañas electorales, pero nunca se pudo hacer realidad. Este fallo judicial también ha sido bien recibido por toda la población”.

El periodista explicó que la obra permitirá la conexión de los distritos de Conduriri , Mazocruz, Capaso y Ilave, así como las regiones de Tacna, Moquegua y Puno. “Los distritos de la provincia de El Collao se encontraban aislados. Esta vía va a permitir que los pobladores de estos distritos puedan llegar en menor tiempo posible a la capital de la provincia y se van a acortar las distancias para viajar también a las regiones de Moquegua y Tacna”, indicó.

EXPEDIENTE COMPLETO

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
QUINTO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Expediente : 9211-2019-97 Demandante : Corporación Mayo SAC Demandado : Constructora San José
Ministerio de Transporte y Comunicaciones / Provias Nacional

Fecha: 11/12/2019 11:01:22,Razón: Materia : Medida Cautelar dentro del Proceso
JUDICIAL,D.Judicial: LIMA / LIMA,FIRMA DIGITAL

Razón

Se pone a conocimiento que los escritos de fechas 20 y 29 de noviembre del 2019, presentados por el Provias Nacional y Constructora San José, respectivamente; recién han sido entregados por el centro de distribución general de la Sede Mansilla Novella; por lo que estando al tiempo transcurrido, se pone a conocimiento para los fines de Ley.

Lima, 10 de diciembre de 2019

RESOLUCIÓN NRO. SEIS
Lima, diez de diciembre de dos mil diecinueve.-

PUESTO A DESPACHO: En la fecha, con la razón que antecede; Al escrito de fechas 20 y 29 de noviembre de 2019, presentados por el Procurador de PROVIAS NACIONAL, presente su domicilio procesal y casilla electrónica; Al principal: Téngase presente, el escrito de oposición, con las copias de medios probatorios que se adjuntan. Al primer y tercer otrosí: Téngase presente; Al segundo otrosí: Téngase presente a los letrados que se menciona. Al escrito de fechas 29 de noviembre de 2019, presentados por CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, presente su domicilio procesal y casilla electrónica; Al principal: Téngase presente, el escrito de oposición, con las copias de medios probatorios que se adjuntan. Al segundo, cuarto, quinto y sexto otrosí: Téngase presente a los letrados que se menciona, con la aceptación expresada y en la fecha de presentación indicada; Al cuarto otrosí: Téngase presente la designación efectuada excepto para la lectura del expediente; y al escrito de fecha 09 de diciembre de 2019, presentados por el Procurador de PROVIAS NACIONAL: Al principal, primer y segundo otrosí: Téngase presente y agréguese a los autos en cuanto fuere de Ley; y,

CONSIDERANDO:

Primero: Que mediante resolución dos de fecha seis de noviembre de dos mil diecinueve, se concedió medida cautelar innovativa, con la cual se suspendió provisionalmente los efectos del contrato de ejecución de obra Nro.038-2018-MTC/20 de fecha 15 de mayo de 2018 y/o cualquier adenda relacionada al citado contrato, celebrado el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Proyecto Especial de Infraestructura de transporte nacional (Pro Vias Nacional) y la empresa Constructora San José S.A.

Segundo: Las razones centrales por las que se concedió la citada medida cautelar, se sustentó que:

– Existías altos indicios de verosimilitud del derecho, debido a que apartemente se habría suscrito el contrato de obra Nro.038-2018-MTC/20 de fecha 15 de mayo de 2018, a pesar que la empresa Constructora San José S.A, no habría cumplido los requisitos legales establecidos en las bases; toda vez que se presentó a la convocatoria y suscribió el contrato sin tener RUC, sin tener cuenta bancaría en el sistema financiero nacional ni CCI y que la sucursal fue creada con posterioridad a la firma del contrato.
– Que el peligro en la demora radica en el hecho de permitir que se consuma una ilegalidad manifiesta, generada por “presuntamente” haber firmado el contrato de obra para la construcción de una infraestructura de transporte público con la Constructora San José SA, vulnerando la legalidad administrativa; es decir, dando datos que no estaban previstos y permitir que ejecute la obra una sucursal; de modo que el daño irreversible que se ocasionaría en este caso, es al interés público y a los postores que han participado, porque aparentemente se habría otorgado la buena pro, vulnerando el principio de legalidad, buena fe procedimental, confianza legítima, ejercicio legítimo del poder, entre otros; de modo, que mantener vigente el contrato, significaría consolidar la aparente ilegalidad, máxime si en éste caso, ya se ha otorgado adelantos de pago a una empresa que no reunía las condiciones; salvo que durante el proceso se demuestre lo contrario.
– Respecto de la forma de la medida se consideró adecuada, toda vez que, cuando se dictó la medida permitía respetar los principios de equilibrio y mínima injerencia, dado que lo pretendido en cuaderno cautelar es coherente con la pretensión principal; asimismo, se trata de una medida ponderada toda vez que se trata de una medida reversible, habida cuenta en caso que la demanda sea desestimada o la medida cautelar sea revocada, sí se podría retomar la ejecución de la obra.

Tercero: La Constructora San José S.A, en su escrito de oposición ha señalado que no existe verosimilitud del derecho invocado en la solicitud cautelar; porque no existe error o falsedad en la información consignada en el Anexo 15, toda vez que su representada siempre ha contado con su Registro Nacional de Proveedores (RNP) porque de no tenerlo no se habría podido inscribir en el procedimiento de selección. Señala que con fecha 14/05/2018 inscribió en Registros Públicos la Surcursal del Perú, la misma que al día siguiente obtuvo RUC y el 17/05/2018 fue comunicado a PROVIAS NACIONAL para que se suscriba una adenda al contrato, con el objeto de modificar la cláusula sexta respecto al pago. Precisa que el 19/10/2018 el OSCE aprobó el traspaso de RNP de la matriz a su sucursal, dado que entre ambas existe plena identidad

Cuarto: Sostiene que cuando llenaron el Anexo 15, lo hicieron con el RUC y CCI que tenían en el extranjero, dado su condición de no domiciliado; sin embargo, su información fue fidedigna, aunque dichos datos no sean del sistema financiero peruano, lo cual siempre fue de conocimiento de la entidad; por lo que nunca hubo falsificación u actos fraudulentos en el procedimiento de selección y que el hecho, máxime si no contar con dichos datos no es causal de resolución contractual o perdida de la buena pro, ni óbice para que el contrato no se pueda ejecutar. El hecho que se haya modificado el contrato para que su sucursal sea la que cobre, no genera ninguna ilegalidad, porque no tiene sentido hacer más engorroso el trámite de pago de las valorizaciones.

Sostiene que no se ha agotado la vía administrativa porque acorde con el artículo 41° de la Ley de Contrataciones del Estado, las discrepancias por actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, pueden ser apeladas ante OSCE; tampoco ha acreditado el perjuicio irreparable, por lo que no resulta razonable que se genera millonarias pérdidas a su representada y que en agosto de 2018 se ha dado inicio a la obra y según la valorización Nro.13 han venido ejecutando a satisfacción la obra.

Quinto: Que dada la magnitud de la obra, la economía de la región Puno se viene dinamizando, toda vez que la obra beneficiará a las localidades en la zona alta de la provincia del El Collao – Ilave, integrando la red vial con la carretera panamericana sur y la carretera binacional; por ello, la medida adoptada resulta gravosa que integra el sur del Perú; lo cual es un asunto de necesidad pública; y finalmente que la contracautela es irrisoria, toda vez que los mayores gastos generales que debe reponer el estado por mes podría superar la suma de un millón doscientos sesenta y tres mil nuevos soles; y en caso hubiese pagado el arancel por apelación, éste le hubiere representado el 3% del valor referencial o un máximo de 200 UIT.

Sexto: La procuraduría pública de PROVIAS NACIONAL, formula oposición sosteniendo que, entre los requisitos para el perfeccionamiento del Contrato, está que cuente con código de cuenta interbancaria – Anexo 15; pero que no se requirió que cuente con RUC porque no es un requisito, sino que tenga vigente su inscripción en el RNP (registro nacional de proveedores); precisa que no es cierto que los datos ofrecidos en el Anexo 15, para la suscripción del contrato sean falsos, porque dicho documento solo se exige para efectos del CCI; y que si bien se consignó uno correspondiente a una entidad bancaria extranjera, ello no lo invalida o impide que se suscriba el contrato.

Septimo: En el escrito de fecha 29/11/2019, (pág.6) se sostiene que la décimo quinta disposición complementaria y final, del Decreto Supremo Nro.350-2015-EF, modificada por el Decreto Supremo Nro. 056-2017-EF, establece que “Para efectos del pago mediante transferencia electrónica, la entidad hace uso obligatorio del número de CCI proporcionado por el contratista para la suscripción del contrato, en caso que no haya proporcionado el indicado número, el banco de la nación procederá a la apertura de oficio de una cuenta bancaria a su nombre”. Siendo así, precisa que si el contratista, no hubiese consignado CCI nada impedía que firmen el contrato, porque el Banco de la Nación lo podía hacer de oficio; sin embargo, en el escrito de fecha 09/12/2019, (pág. 3) se
expone que el modelo del Anexo 15, solo era para efectos de cumplir con consignar CCI, dado que sí era un requisito para el perfeccionamiento del contrato.

Octavo: Expresa que, el anexo 15, solo es un “modelo”; de modo que, si el postor consignó como RUC, datos de identificación de la matriz española (“A36006666”CIF de España) y en el campo del Código CCI: consignó (swift) PSTRESMM (correspondiente a su CCI de una entidad bancaria extranjera), ello es válido porque nada impide que se consigne datos de entidades bancarias extranjeras; toda vez que el reglamento sostiene que el CCI debe pertenecer a una entidad del sistema financiero y que en todo caso, el Anexo 15, se encuentra premunido del principio de presunción de veracidad; de modo que, nada impedía que se continúe con las suscripción del contrato porque acorde con el artículo 114° de la

Ley de Contrataciones con el Estado, tanto la entidad como el postor, están obligados a contratar y la entidad no puede negarse a contratar salvo recorte presupuestal correspondiente al objeto, por norma expresa o porque desaparece la necesidad debidamente acreditada.

Noveno: Sostiene que no se ha presentado datos falsos, porque los datos consignados son verdaderos y corresponden a la matriz extranjera, equivalentes a RUC y CCI, los cuales están vinculados; y que según la opinión Nro.149-2016/DTN, los proveedores extranjeros no domiciliados deben suscribir el contrato consignando su identificación fiscal correspondiente – pudiendo ser el RUC en caso de contar con el – sin perjuicio de mantener vigente su inscripción en el RNP para todas las etapas de la contratación. Siendo así, precisa que contar con RUC es facultativo porque lo importante es tener el RNP vigente.

Décimo: Sostiene que el Oficio Nro.3196-2018-EF/13.01 del 01 de octubre de 2018, no se ha pronunciado sobre el presente proceso de selección, sino sobre preguntas concretas; y si bien es cierto, se ha reconocido que la empresa no estaba identificada como un proveedor SIAF, ello no es competencia de su representada, sino solo verificar que el registro nacional de proveedores del postor se encuentre vigente; asimismo, no es exigible que el banco que menciona el postor se encuentre registrado en el SIAF.

Undécimo: Sostiene que la medida adoptada, pone en peligro la obra “Mejoramiento de la Carretera TR Checa Mazocruz”, y causa un impacto social a la población de Puno, Checca, Mazocruz, Ilave, Juli, Conduriri y otros centros poblados, porque la obra permitiría la conexión con Tacna, Moquegua y Juliaca en forma más segura y rápida, de modo que la ejecución de la medida cautelar retrasará injustificadamente; por ello, debe valorarse que con el fin de evitar mantener la presunta una ilegalidad, se genera un daño enorme a la colectividad; porque en éste caso, la obra se inició en agosto de 2018 y a la fecha registra un avance de ejecución de obra de 45.03%; de modo que no resulta proporcional con la protección a los intereses de orden público, dada las consecuencias sociales que puede generarse si persiste vigente la medida cautelar.

Duodécimo: Ahora bien, el segundo párrafo del artículo 637° del Código Procesal Civil, establece que: “Una vez dictada la medida cautelar, la parte afectada puede formular oposición dentro de un plazo de cinco días, contados desde que toma conocimiento de la resolución cautelar a fin de que pueda formular la defensa pertinente”. Siendo así, analizados los argumentos expresados por la parte demandada, teniendo a la vista los anexos ofrecidos en sus respectivos escritos y el escrito del demandante de fecha 05 de diciembre de 2019 con sus respectivos anexos, se procede a reevaluar el caso.

Décimo tercero: Respecto de la verosimilitud del derecho expresado en la solicitud cautelar, se ha sostenido que se habría suscrito el contrato Nro.38-2018-MTC/20 de fecha 15/05/2018, infringiendo la legalidad administrativa; hecho que a la luz de los escritos de oposición y sus anexos, no ha sido revertido; toda vez que si bien es cierto se ha manifestado que el RUC no era un requisito para la suscripción del contrato (porque el postor tenía vigente su registro de proveedor no domiciliado otorgado por el OSCE), lo cierto es que en el Anexo 15, en el campo RUC, se colocó la identificación española, lo cual no es coherente con lo expresado por la entidad demandada, dado que dicho Anexo 15 no tendría por qué referirse a datos de otra nacionalidad; sin embargo, si ese hecho, convierte dicha documentación en dato falso o inexacto, o si colocar cualquier número en

ese anexo, resultaría irrelevante para la suscripción del contrato no es asunto que está claro. El artículo 119° de la Ley de Contrataciones del Estado dispone que, en el plazo de ocho días hábiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro, el postor ganador debe presentar la totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato, en un plazo de tres días o de cinco días en caso haya que subsanar; en éste caso, pese a que se otorgó el plazo para subsanar con lo cual se advirtió las omisiones, igualmente se suscribió el contrato; sin embargo, si ese hecho es irrelevante para la suscripción del contrato, no se puede dilucidar en el cuaderno cautelar, sino en el expediente principal con mayores elementos probatorios.

Décimo cuarto: Se ha expresado que, existe una Opinión Nro.149-2016/DTN, en virtud del cual, se señala que los proveedores extranjeros no domiciliados deben suscribir el contrato consignando su identificación fiscal correspondiente – pudiendo ser el RUC en caso de contar con el – sin perjuicio de mantener vigente su inscripción en el RNP para todas las etapas de la contratación; sin embargo, en éste caso, en el Anexo 15 consignó en el campo RUC: A36006666 (que corresponde a su CIF de España), a pesar que, según dicha
opinión si no tenía RUC debía identificarse con su código de extranjero no domiciliado otorgado el OSCE; como se sabe, el postor en el anexo 15, no procedió conforme dicha opinión, es más, tampoco se identificó con alguna identificación fiscal en el Contrato Nro.038-2018-MTC/20, toda vez que solo aparece los datos de identificación de la representante legal, mas no de la empresa; extremos que, si tampoco fueron advertidos en su oportunidad o resultan intrascendentes, no puede ser dilucidado en cuaderno cautelar, sino merituado con mayores pruebas en el expediente principal; mientras tanto, permanece la verosimilitud del derecho decretado en la resolución dos de autos.

Décimo quinto: Respecto del CCI, se ha brindado argumentos contradictorios, porque por un lado se ha sostenido que no era necesario ofrecerlo porque el banco de la Nación lo podía activar de oficio; sin embargo, en otro escrito se reconoce que el artículo 117° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, lo establece como requisito de perfeccionamiento del contrato, pero que nada impedía que el CCI pertenezca a una entidad del sistema financiero de otro país. Dicho argumento, no tiene una base legal expresa que habilite a los funcionarios a interpretar que, el CCI que ofrece el postor puede ser de cualquier país del mundo, sin embargo, no puede definirse en el expediente cautelar, sino con mayores elementos en el expediente principal.

Décimo sexto: A mayor abundamiento, en el Anexo 15 (véase recuadro), se deja constancia que el CCI pertenece al sistema bancario nacional, con lo cual aclara lo expresado en el párrafo anterior, se expresa: “Dejo constancia que el número de cuenta bancaria que se comunica ESTA ASOCIADO al RUC consignado, tal como ha sido abierta en el sistema bancario nacional”. Siendo así, si dicha constancia, no significa nada o resulta intrascendente, para efectos del suscribir un Contrato de la magnitud Checa Mazocruz; también es un aspecto que deberá determinarse en el expediente principal, porque curiosamente en éste caso, se firmó una adenda al contrato para efectos del pago, modificando la cláusula sexta con la cual se permitió que sea la sucursal (creada con posterioridad) la que cobre los adelantos del pago de la obra; y en éste caso, sí ofreció una cuenta bancaria perteneciente a una entidad financiera del sistema bancario nacional.

Por esas razones, permanece la apariencia de ilegalidad invocada en la solicitud cautelar, sin perjuicio de que sea analizada con mayores elementos probatorios en el expediente principal.

Décimo séptimo: Respecto al peligro en la demora, se ha sostenido en la resolución dos, que radica en mantener vigente un contrato con el Estado, suscrito con alto grado de apariencia de ilegalidad, permitiendo que una empresa que ha obtenido la buena pro en esas condiciones pueda culminar la obra percibiendo el pago establecido en las bases; frente a ello, los demandados han sostenido que el peligro radica en que la ejecución se paralice y perjudique a la población; el juzgado advirtió que, el peligro se mide por el grado de reversibilidad de la medida y el tiempo que puede durar el proceso hasta que se obtenga una decisión fundada en derecho; siendo que en el hipotético que se desestime la demanda, la paralización de la obra siempre podría reiniciarse.

Décimo octavo: Sin embargo, a la luz de lo expresado por la procuraduría de PROVIAS NACIONAL, respecto de la cuantificación de adelantos, de avances de la obra, cantidad de trabajadores, conectividad e implicancia social de las carretera y ciudades conectadas; aunado a ello, teniendo en cuenta los hechos que han venido aconteciendo en la ciudad de Puno y que ha sido puesto a conocimiento por el demandante a través de su escrito de fecha 05/12/2019, éste Juzgado advierte que con posterioridad a la emisión de la medida cautelar, han aparecido elementos externos, que requieren ser analizados de manera conjunta para adoptar la presente decisión judicial, porque aunque sean tangenciales al análisis de legalidad del presente caso, deben ser tomados en cuenta porque los efectos de la decisión judicial – en éste caso particular – no solo recae (como debe ser) en la empresa postora ganadora de la buena pro, sino indirectamente en la población que sin ser parte del proceso de selección, podrían afectarse por la dilación que supondría paralizar la ejecución de la obra hasta que concluya el proceso judicial.

Décimo noveno: Se aprecia que, acorde con el portal de transparencia económica del Ministerio de Economía y Finanzas, está demostrado que hasta la fecha se ha pagado a la empresa Constuctora San Jose Sucursal del Perú, la suma de S/.141,132,548.19 (Ciento cuarenta y un millones, con ciento treinta y dos mil, quinientos cuarenta y ocho nuevos soles y diecinueve céntimos) lo cual supone aproximadamente el 50% del costo total de la obra; lo que a su vez permite asumir en concordancia con lo expresado por la entidad demandada que, debería existir un avance de ejecución de obras de 45%, bajo responsabilidad de los

supervisores y demás funcionarios encargados de velar por el cabal cumplimiento de las metas; y aunque no se ha demostrado técnicamente el real avance de la obra, el porcentaje asumido, resulta relevante para sostener que, ya se ha iniciado la obra, por tanto, “mayor perjuicio se generaría a la población de Puno, mantener paralizado la obra hasta determinar responsabilidades administrativas y por efectos de la nulidad retrotraer los hechos y encargar una nueva licitación pública, que permitir que la empresa San José S.A termine la ejecución de la obra y cumpla con los términos del contrato mientras dura el proceso judicial”; toda vez que de ampararse la demanda, es probable que el proceso judicial incluida todas las instancias dure más que el plazo estimado en el contrato para culminar la obra.

Vigésimo: En éste caso, inicialmente la forma de la medida cautelar resultó adecuada porque fue dictada originariamente para impedir que la aparente ilegalidad advertida en una licitación pública, pueda consumarse con la conclusión definitiva de la obra y el respectivo desembolso que ello representa dada la magnitud de la obra; sin embargo, tratándose de una obra de infraestructura de transporte, aunque no esté concluida, se trata de un servicio público que responde a la necesidad de una colectividad; quienes independientemente y a pesar de no haber sido parte del proceso de contratación ni del proceso judicial, serían afectados por la postergación de su infraestructura, debido a la dilación que el proceso judicial representa. Por ello, ponderando lo que se pretendía evitar con las consecuencias que ello mismo representa frente a terceros, éste Juzgado reevalúa éste nuevo escenario y considera que evitar que se consuma la aparente ilegalidad objeto de la medida cautelar, puede generar mayor afectación a la colectividad del sector, con la postergación de la obra, por lo que debe privilegiarse la necesidad que representa la infraestructura de transporte y su implicancia en el sector, y en tal virtud, disponer se reinicie las actividades conforme lo establece el Contrato de Ejecución de Obra Nro.038-2018-MTC/20 de fecha 15 de mayo de 2018, y/o cualquier tipo de adenda relacionada al citado contrato, celebrado por Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Proyecto Especial de Infraestructura de transporte nacional (Pro Vias Nacional) y la empresa Constructora San José S.A. De modo que, de ampararse la demanda, se deberá determinar lo pertinente a través de otros mecanismos legales, en caso se concluya judicialmente que existen responsabilidades por los hechos objeto del presente proceso judicial.

Vigésimo primero: En la línea de lo expresado, a pesar que con los escritos de oposición no se ha desvirtuado la verosimilitud del derecho invocado en la solicitud cautelar, ni el peligro en la demora que representan; sino, solo resultan amparables en el extremo que se refiere a las consecuencias de orden social y económico, el Juzgado expresa que hoy en día, reevaluando la forma de la medida cautelar dictada originariamente ya no resulta adecuada por haber aparecido otros actores, ajenos al proceso judicial que resultarían perjudicados en sus intereses; que a su vez, impide sostener que una medida innovativa en éste caso respeta el principio de mínima injerencia, porque lo que se pretende evitar, en este caso, podría generar mayor afectación a terceros.

Vigésimo segundo: Por otro lado, se ha sostenido otros argumentos relativos a la existencia de otro proceso judicial y de la falta de agotamiento de la vía administrativa y con las copias de dichos actuados se ha verificado que lo que se atiende en otro órgano jurisdiccional está relacionado con otro asunto referido a otra etapa del proceso de

selección y gira en torno al puntaje, lo cual probablemente no tiene relación con éste proceso judicial; sin embargo, no se puede emitir un pronunciamiento enfático en cuaderno cautelar porque está pendiente de resolver las excepciones formuladas en el expediente principal; por tanto, este extremo de lo argumentado no resulta amparable.

Por tales razones:

SE DECLARA:

1. FUNDADA en parte los argumentos de la oposición, en consecuencia, déjese sin efecto la medida cautelar innovativa concedida mediante resolución dos de fecha seis de noviembre de dos mil diecinueve; y en consecuencia,
2. REINICIESE las actividades propias del Contrato de Ejecución de Obra Nro.038- 2018-MTC/20 de fecha 15 de mayo de 2018, y/o cualquier tipo de adenda relacionada al citado contrato, celebrado por Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Proyecto Especial de Infraestructura de transporte nacional (Pro Vias Nacional) y la empresa Constructora San José S.A
3. Notifíquese a las partes con grado de urgente.

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